Presentan alegaciones al permiso de investigación minera “LIRA” en La Codosera
Escrito por Redacción Lunes 01 de Julio de 2019 00:00
www.nosolomerida.es | Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al Permiso de Investigación denominado “LIRA” en el término municipal de La Codosera (Badajoz), por su importantes irregularidades.
La organización alerta de la fiebre extractiva de multinacionales que han
puesto sus ojos en la región, con el apoyo de la Junta de Extremadura en la tramitación de expedientes con graves defectos, y que amenazan la continuidad de los modos de vida de muchas comarcas.
El pasado día 29 de junio, Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al proyecto de investigación minera denominado “LIRA”, solicitado por Ormonde Minería Ibérica, S.L.U., que pretende estudiar una amplia zona en término municipal de La Codosera (Badajoz), para la extracción de diferentes minerales, especialmente oro.
Con esta solicitud se asiste a un nuevo ejemplo de la fiebre minera que afecta a Extremadura, materializada en la solicitud de numerosos proyectos de investigación y explotación repartidos por toda la geografía de la región. Y, una vez más, se vuelve a hacer patente el inadmisible cúmulo de irregularidades y deficiencias que contienen tanto los proyectos presentados como su tramitación por parte de la administración autonómica.
Aun siendo todas ellas importantes, se puede calificar de especialmente grave el hecho de que no se haya sometido a una evaluación de impacto ambiental un proyecto que se pretende ejecutar en una zona que se ubica dentro dos espacios de la Red Natura 2000 (ES0000407 Nacimiento del Río Gévora y ES4310022 Río Gévora Alto) que albergan 16 hábitats y 114 especies con algún tipo de figura de protección. Aunque el permiso solicitado es para la investigación de la zona y no para su explotación, su ubicación dentro de estos espacios hacen necesaria la evaluación de impacto ambiental no sólo para determinar las afecciones que los trabajos de sondeo puedan suponer para la zona, sino también para determinar de antemano si es viable ambientalmente su futura explotación, en caso de que la empresa promotora decidiera acometerla.
Junto a esta carencia, el proyecto presenta toda la serie de omisiones e indefiniciones que se han convertido en habituales en este tipo de solicitudes que hacen incomprensible como la Junta de Extremadura las viene admitiendo a trámite sin ningún tipo de impedimento ni exigencia de subsanación. Estas carencias se relacionan siempre con indefiniciones en las actuaciones que se realizarán en la zona de estudio –con lo que es imposible valorar su impacto-, con deficiencias en el Plan de Restauración así como con la acreditación de la solvencia técnica y económica de la empresa, que ni siquiera determina la garantía económica por responsabilidad ambiental que está obligada a establecer. Tampoco justifican que las técnicas que se vayan a emplear sean las más adecuadas al caso, como establece la legislación. Por supuesto, estas solicitudes no hacen un estudio de la afección al sistema económico de las poblaciones del entorno en que se ubiquen.
Por si no fuera poco con la admisión a trámite de estas precarias solicitudes, la Junta de Extremadura hace su aportación desatendiendo sus obligaciones de difusión de la información y de acceso a la participación pública.
Con todo ello, mientras las empresas extractivistas fijan sus ojos sobre los recursos minerales que encierra la tierra extremeña, la administración pública se retrata, reforzando el papel de dichas empresas, mediante el discurso del trabajo y la transición energética y apostando por la destrucción y esquilma del territorio, así como de los modos de vida dependientes de este.
Desde Ecologistas en Acción se continua alertando del ‘boom’ especulativo de la minería en España -y, especialmente, en Extremadura, la región más afectada- diseñado para lograr un crecimiento financiarizado y ficticio del sector, sustentado por gobiernos de todo tipo y por la creación de deuda. Y denuncia que la causa de esta concesión sistémica de licencias mineras es la confluencia de una Ley de Minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones, con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas internacionales mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería.
También critica la actitud de la Junta de Extremadura que, a pesar de hacer un desmedido alarde de su interés por la Estrategia de Economía Verde y Circular que propulsó, entra reiteradamente en contradicción con ella, ignorándola sistemáticamente y la relegándola a un mero instrumento de propaganda con el que intentar dar una imagen de preocupación ambiental, pero sin tener la valentía transformar las bases económicas que le darían verdadero sentido y utilidad.
