Suárez asegura que hay margen para consensuar reformas en el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad
Escrito por Redacción Viernes 12 de Julio de 2019 00:00
www.nosolomerida.es | El director general de Ordenación de la Seguridad Social centra el debate sobre el futuro del sistema en su sostenibilidad, su situación financiera y la calidad de las prestaciones.
El director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, ha asegurado que hay margen suficiente para
acometer reformas tanto en el ámbito de la financiación de la Seguridad Social como en cuanto a la definición de las prestaciones. Para ello, ha dicho, es imprescindible recuperar el consenso tanto de los agentes sociales como de los grupos parlamentarios que integran la Comisión del Pacto de Toledo.
En su discurso de clausura, el director general de Ordenación, Borja Suárez, ha comenzado agradeciendo a las personas que han participado sus aportaciones y destacando la importancia de un foro de debate y diálogo como el que ofrece la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El director general ha centrado su intervención en las tres cuestiones que, a su juicio, ocupan el debate sobre el futuro del sistema de la Seguridad Social: sostenibilidad futura, estado de situación financiera, así como calidad de las prestaciones; y, finalmente, la necesidad de seguir actuando sobre el sistema para adaptarlo a la realidad actual.
Presente de la Seguridad Social
La Seguridad Social, y más concretamente las pensiones, deben asegurar el doble objetivo de evitar la pobreza y preservar la cohesión social como herramienta de redistribución, ha señalado Suárez.
El director general de Ordenación se ha referido al volumen de déficit que presentó la cuenta de la Seguridad Social en 2018 -más de 18.000 millones de euros- para indicar que es preocupante pero no un motivo de alarma, "El sistema es perfectamente sostenible en el futuro y equiparable al que hoy permite pagar un nivel de prestaciones suficiente a millones de personas en España".
En este sentido, ha dicho, hay que hablar de gastos e ingresos. En el primer aspecto, Suárez ha negado que en el sistema se produzca un "exceso de generosidad". En la partida de gastos, "las nuevas altas desmienten el alarmismo", ha señalado, y ha explicado que el incremento tanto en el número de pensionistas como de la cuantía de la pensión media se ha moderado. Además, la edad efectiva de jubilación se sitúa por encima de los 64 años.
Por el lado de los ingresos, la principal fuente son las cotizaciones sociales, que crecen al 8% después de unos años en que han sido un elemento preocupante. Este aumento, ha concretado, se debe a las medidas adoptadas desde el pasado año. Elevación de la base máxima y mínima de cotización, ajustes en la cuota por contingencias profesionales y por la subida del 2% de los salarios derivada del Acuerdo de Negociación de Convenios e impulsada por el incremento del SMI.
La otra pata de la financiación del Sistema es la aportación del Estado, que Suárez ha calificado como "limitada" en relación con los países de nuestro entorno. "En Alemania alcanza el 37% y el 26% en Francia. En España solo llega al 14%, lo que nos da una pista de por donde se puede avanzar".
Avance en la acción protectora
Suárez ha llamado la atención sobre los avances que se han producido en cuanto a la acción protectora de la Seguridad Social. En concreto, se ha referido a la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y ha insistido en concluir este proceso para asegurar que en el futuro no se produzca una situación "anómala" de congelación.
Asimismo, ha querido señalar lo que ha supuesto la reformulación de las prestaciones de maternidad y maternidad, "uno de los cambios con el potencial transformador de la sociedad más importante de las últimas décadas".
La brecha de género sigue siendo el gran déficit del sistema, consecuencia en parte del mercado de trabajo, pero relacionado también con el propio diseño de la Seguridad Social, que favorece carreras profesionales típicamente masculinas. "Hay que corregir los elementos que premian determinadas carreras de cotización masculinas y penalizan las femeninas", ha afirmado.
Retos que afrontar
El futuro de la Seguridad Social pasa primero por identificar los retos, principalmente los relacionados con la transformación de la realidad: el envejecimiento de la población y la incorporación de los baby boomers al sistema, que provocarán el incremento del gasto, especialmente preocupante entre el 2030 y 2040.
En el entorno económico-productivo, la digitalización, que ya afecta intensamente a la Seguridad Social por el encuadramiento de los nuevos trabajos en los Regímenes del sistema.
Por otro lado, ha reflexionado sobre la situación de un mercado de trabajo que exige un reto "mayúsculo" para abordar los problemas no solo de temporalidad, sino de inestabilidad. "Corregir esa tendencia es imprescindible para garantizar la sostenibilidad el Sistema".
Qué hay que hacer
El punto de partida para preservar la sostenibilidad democrática de las reformas, ha dicho, es que cuenten con el mayor grado de consenso con los interlocutores sociales y los grupos políticos. Esto es lo que implica de forma más intensa a todas las generaciones.
"El sistema es perfectamente sostenible y equiparable en el futuro al que hoy permite pagar un nivel de prestaciones suficiente a millones de personas en España". El director general de Ordenación ha dicho que es preciso restar peso a los préstamos del Estado "que generan inquietud" y explorar las posibilidades impositivas para garantizar las pensiones.
Asimismo, ha señalado la posibilidad de reducir una parte de la cotización al desempleo para transferirlo a pensiones y reequilibrar así la entrada de dinero. Ya se está trabajando para adecuar la cotización en el Régimen de Autónomos a los ingresos reales, "con toda la complejidad que conlleva".
También ha propuesto hablar de las prácticas de los estudiantes. "Es imprescindible mentalizar a los jóvenes de que hay que empezar a cotizar y a generar derechos desde el inicio de su formación".
Por último, en la medida en que la asistencia sanitaria de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes es responsabilidad de las comunidades autónomas, hay que buscar la cooperación con éstas para el reconocimiento y control de esta prestación.
