La Mesa de la Asamblea pasa a tener 8 miembros

Extremadura

www.nosolomerida.es | La Asamblea de Extremadura celebró este jueves la Sesión Plenaria n.º 3, que comenzó con el conocimiento por parte del Pleno del informe de la Diputación Permanente de acuerdo a lo regulado en el artículo 112 del Reglamento de la Cámara regional.

A continuación, el Pleno procedió a la designación de senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de Extremadura en la Cámara Alta de la Nación. Tras la votación, Rafael Lemus, del Grupo Parlamentario Socialista, y José Antonio Monago, del Grupo Parlamentario Popular, fueron los diputados designados.

Seguidamente, la Asamblea aprobó la Propuesta de Reforma del Reglamento de la Cámara (RERA-1), que incorpora una nueva Disposición transitoria al texto normativo que modifica la composición de la Mesa de la Asamblea. De esta forma, el órgano de gobierno de la Cámara se compondrá  además de la presidencia, que la preside, de tres vicepresidencias y cuatro secretarías, todas con voz y voto.

Por otro lado, el Pleno rechazó la Propuesta de Impulso (PDIP-1), formulada por el Grupo Parlamentario Popular, que instaba a la Junta de Extremadura a iniciar el procedimiento legal establecido para la rescisión del contrato con Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U, en base a los reiterados incumplimientos de las obligaciones asumidas en el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud 2017-2021.

Asimismo, la Cámara rechazó la Propuesta de Impulso (PDIP-2), formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, que instaba a la Junta de Extremadura a apoyar la conformación de un gobierno estatal de coalición progresista que dé paso a una nueva etapa de estabilidad y garantía para una agenda que defienda la justicia social y el diálogo.

Igualmente, la Asamblea rechazó la Propuesta de Pronunciamiento (PPRO-1), impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, que instaba a las Cortes Generales a reprobar a los responsables directos e indirectos de la entrevista a Arnaldo Otegui en el ente público RTVE, por suponer un desprecio a la memoria y a la dignidad de las víctimas de ETA, y a adoptar las medidas necesarias para impedir que quienes se encuentren condenados por pertenencia a organizaciones terroristas puedan tener cabida en organismos ni entes públicos.

Por último, el Pleno rechazó la Propuesta de Pronunciamiento (PPRO-2), defendida por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, que instaba al Gobierno de España a condenar la operación de limpieza de imagen, en medios de comunicación públicos, de personas condenadas por pertenencia e integración en organizaciones o grupos terroristas, y a que los medios de comunicación públicos no contribuyan al lavado de imagen de personas vinculadas a organizaciones de las descritas en el vigente artículo 571.2 del Código Penal.

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