Abascal: "El Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional"

España

www.nosolomerida.es | Este lunes, el presidente de VOX España, Santiago Abascal, ha realizado una valoración política de la sentencia del ‘Proceso de Cataluña. Por su parte, el secretario general del Partido, Javier Ortega Smith, ha hecho una valoración jurídica de la misma.

Valoración política:

-Es una completa vergüenza que la sentencia del Supremo se haya filtrado durante el fin de semana. Es una vergüenza para el Supremo, pero es una vergüenza para España y todos los españoles que amamos a nuestra patria, haber comprobado con muchísima tristeza hasta qué punto el Estado se muestra incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional amenazados hasta el punto de haber obligado a su majestad el Rey a intervenir ante unos hechos que ahora el Supremo califica como poco más que una algarada callejera.

-Hay un golpe de estado vivo en Cataluña; un gobierno regional en rebeldía que ha apostado con claridad por la vía violenta eslovena y lo ha hecho de manera pública. Un gobierno regional que manda 17.000 hombres armados, con control del presupuesto y de los medios de comunicación que en este momento están animando en Cataluña a salir a las calles a protestar contra la sentencia; y un gobierno regional que se ha atrevido a apoyar a unos terroristas, a unos individuos juzgados ahora en la Audiencia Nacional que fueron detenidos con explosivos y que han sido presentado por Torra como ciudadanos comprometidos. Hay un proceso electoral al que concurren partidos políticos que han actuado como organizaciones criminales; y hay un Congreso de los Diputados que ha otorgado la condición de diputados a golpistas y cómplices que no juraron lealtad a la constitución y sí la juraron a los principios golpistas del 1 de octubre,.

-Anunciamos que después de estudiar detalladamente la sentencia, recurriremos la misma.

-Queremos decir con claridad que el PP y PSOE llevan años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista y, por lo tanto, su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en el clima de debilidad de las instituciones del Estado, del que no se puede responsabilizar en solitario a la judicatura..

Valoración jurídica

-Estudiaremos detenidamente esta sentencia, iniciaremos todos los recursos que caben contra ella.

-Primera valoración del fallo: Lo calificamos de gravísimo error judicial en la interpretación y valoración de unos hechos gravísimos de rebelión que están perfectamente acreditados. Los españoles en este momento se preguntan al escuchar esta sentencia si el fiscal general Maza se equivocó cuando mantuvo delito de rebelión tras las querellas interpuestas por VOX que como saben, dieron inicios a la investigación un año antes de que iniciara sus querellas la Fiscalía General del Estado.

Se preguntan si estaba equivocado el instructor Llarena cuando mantuvo el delito de rebelión, si estaban equivocados los magistrados de la Sala Penal de apelaciones que corroboran las resoluciones del instructor sobre la rebelión. Se están preguntando si estaban equivocados los cuatro fiscales de la sala de lo penal que mantuvieron hasta el último momento que había delitos de rebelión.

Se preguntan si nos hemos equivocado todos, incluyendo la Abogacía del Estado, que mantuvo durante un año delito de rebelión, hasta que fue cambiado el abogado del Estado para convertirse en abogado del gobierno, del partido socialista, y decir en sus conclusiones que había un delito de sedición.

-Los españoles tienen la respuesta. Quien había acertado era el Gobierno del PSOE y todos los que callaron cuando pensaron que serían capaces de doblegar -porque lo han sido- la razón de los hechos acreditados, por otras consideraciones que no son otras que consideraciones políticas.

-Si alguien tiene dudas sobre si había rebelión sólo tiene que hacer una cosa: estar pendiente de lo que ha ocurrido desde el día del juicio hasta hoy. Los hechos de rebelión permanente de la Generalidad; del fugado de Puigdemont, de ANC y Omnium y hasta de grupos de terroristas acreditan que la rebelión continúa y no ha sido desactivada.

-El Supremo ha perdido una oportunidad histórica para lanzar un mensaje de confianza en las instituciones y el poder judicial a todos los españoles. Lo que nos corresponde desde el punto de vista judicial es seguir luchando por esa independencia de la Justicia y el Estado de derecho y para que prevalezca la ley frente al delito.

Sobre el cumplimiento de las condenas:

Smith ha valorado que observa con extraordinaria preocupación que inmediatamente se pueda aplicar un tercer grado penitenciario y puedan salir en libertad. Hoy algunos españoles, sin entrar en el fondo de la sentencia, han podido tener la sensación de que se hacía justicia, pero esta sensación positiva se va a tornar en verdadera preocupación en los próximos meses, cuando veamos que la Generalidad de Cataluña, para sorpresa de nadie, ejerce sus competencias para atacar las instituciones del Estado y otorgar la libertad camuflada a los golpistas.

Es una sentencia muy desacertada y evidentemente al gusto de Sánchez, que ha salido a aplaudirla.

Nosotros hemos hecho una valoración de la sentencia y no entraremos a valorar la opinión sobre ningún juez concreto.

Sabemos que ha habido medios de comunicación que han salido a resaltar una parte de la sentencia que parece desacreditar el papel de la acusación popular. Tan sólo decir tres ideas:

-La acusación popular que ha ejercido VOX no en nombre de partido político, sino en nombre de miles de españoles que con su apoyo (también para las fianzas) se han visto representados y respaldados cuando nadie, ningún partido ni tan siquiera la fiscalía, hizo nada para mantener el Estado de Derecho.

-Nos lo permite el artículo 125 de la CE, que nos legitima como acusación popular.

-Sin la acusación popular de VOX hoy no estaríamos en este juicio ni hablando de esta sentencia. Por tanto, para todos los que han iniciado una batalla contra la acusación popular… les decimos que seremos siempre los primeros garantes de la independencia y lucharemos contra la politización de la Justicia; pero también defenderemos que los españoles tenemos derecho a ejercitar acciones judiciales, cuando las instituciones no lo hagan.

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