CCOO y UGT denuncian que Correos retira el servicio de de las poblaciones de Calamonte y Arroyo de San Serván

Mérida

www.nosolomerida.es | Ambos sindicatos critican que la medida supone un perjuicio grave en la prestación del servicio postal público donde se necesita el servicio de Correos para la vertebración social y económica de ambas poblaciones y comarcas.

Igualmente, hacen énfasis en la hipocresía y cinismo del presidente de Correos, residente de esta región, que proclama la recuperación de la España Vaciada mientras toma medidas de ajuste en el sentido contrario.

Correos pretende aplicar la medida a escondidas, con total opacidad, saltándose la ley de libertad sindical y el deber de negociación, cuando la aplicación conlleva movilidad geográfica de los trabajadores/as y modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Correos, poniendo el ajuste de la cuenta de resultados por encima del derecho de la ciudadanía a un Correo público, hace desaparecer el servicio, en concreto de dos oficinas, la de Calamonte y la de Arroyo de San Serván -ambas poblaciones con importante actividad empresarial y en expansión- para integrar dichas unidades en la UD de Mérida, condenando a ambas poblaciones a ser candidatas a la España vaciada.

Calamonte, es un municipio de casi 6.300 habitantes de 7,8 km², es una localidad con una importante actividad empresarial, la cual se ha visto fomentada con la construcción de un moderno polígono industrial. Es un municipio con entidad propia y un gran dinamismo y desarrollo. Arroyo de San Serván, es un municipio de casi 4.150 habitantes de 5,1 km², situado al suroeste de Mérida, con una profunda transformación económica que está protagonizando el municipio en los últimos años con la multiplicación de la superficie de suelo industrial ocupada y disponible.

Esta actuación, absolutamente incomprensible para CCOO y UGT en poblaciones de tal entidad poblacional, social y económica indiscutible, va en dirección contraria al fortalecimiento de la España Vaciada que, de forma cínica, tanto predica defender el presidente de Correos puesto que les “roba” a ambas una herramienta clave para su vertebración económica y social como es el servicio de Correos.

Ambos sindicatos critican la forma inaceptable en se quiere aplicar la medida, a escondidas, al margen de la negociación con los representantes de los trabajadores/as, vulnerando así el derecho de negociación colectiva, lo que es manifiestamente ilegal en tanto en cuanto no se ha abierto ningún proceso de negociación para que, siempre que concurran las causas legales que legitimen el planteamiento de la empresa, se pueda proceder al intercambio de propuestas.

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos-Badajoz, denuncian que Correos pretendes saltarse la norma para realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, con movilidad geográfica para los trabajadores y trabajadoras de los dos centros de Correos mencionados, sin el debido periodo de consultas con las Organizaciones Sindicales que requiere dicha aplicación, además del perjuicio que supone la medida en la prestación del servicio postal público.

CCOO y UGT rechazan radicalmente esta actuación al considerar que no concurren las causas legales para llevarla a cabo y porque, además, y sobre todo, ahonda en el vaciamiento de la España Vaciada en la que Correos, como servicio público, debe jugar un papel vertebrador relevante que la Dirección de la empresa quiere dejar en segundo plano. Esta unificación de oficinas no aporta ninguna mejora al servicio público que se presta en estos dos pueblos y conllevará el recorte de dicho servicio, una peor prestación, además de un debilitamiento socioeconómico de los mismos.

CCOO y UGT han instado a la empresa a que dé marcha atrás a la iniciativa y convoque de manera urgente a una reunión con las Organizaciones sindicales para que puedan tener voz y aportar los argumentos que les lleva a solicitar la paralización de tan nefasto proyecto.

De no parar la decisión, ambas organizaciones sindicales iniciarán el procedimiento legal de demanda ante el juzgado correspondiente, además de iniciar una campaña mediática e institucional por la gravedad que esta propuesta de la empresa conlleva para las comarcas afectadas y para los trabajadores/as de dichos centros de trabajo.




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