Robatto: “La Ley no está para arreglar las vergüenzas de ningún partido»
Escrito por Redacción Jueves 09 de Julio de 2020 00:00
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El senador de VOX Jacobo González-Robatto ha recordado hoy en la Cámara Alta que la Ley no está para “arreglar las vergüenzas de ningún partido político”, y ha añadido que, y ningún político “debe ni puede” estar por
encima de la ley, pues “supondría ejercer el poder desde la más absoluta tiranía”.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia, el senador de VOX ha defendido las enmiendas que esta formación ha presentado a la Proposición de Ley de Modificación de Podemos para modificar el articulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ampliar el plazo de instrucción a doce meses.
González-Robatto ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue acometida por el PP – previamente había sido modificada por el PSOE bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero- bajo el argumento de que “el objeto era garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. Sin embargo, ha rebatido el senador, “en lo que no puede convertirse la garantía de este derecho es en la puerta abierta a la impunidad”, que es precisamente “lo que facilita un plazo máximo de investigación”.
“En lo que se ha convertido este precepto es en una nueva causa de extinción de la responsabilidad y prescripción encubierta de los delitos más complejos y que requieren de un mayor esfuerzo y dedicación como son los relacionados con la corrupción o terrorismo”, ha puntualizado.
El senador ha explicado que no se pueden obviar las “necesidad de medidas adicionales”, entre las que ha citado la “dedicación exclusiva de los jueces para delitos tan complejos como son los de corrupción o económicos, o los tan necesarios medios humanos y materiales a la Administración de Justicia para poder concluir con éxito las instrucciones judiciales, así como la protección eficaz de los denunciantes de corrupción”, como, ha recordado, ya propuso el Grupo Parlamentario VOX.
En concreto, las enmiendas presentadas por VOX apuestan por la independencia judicial, al proponer que sean los jueces quienes decidan el término de la fase de instrucción cuando se entienda conseguida su finalidad, sin limitarse a un plazo máximo; lejos de la intromisión política “que tristemente acaba empañando las normas que deben regir para todos y que han de ser impermeables a los intereses políticos del Gobierno de turno”.
