Los jóvenes españoles pagan el gran error de la reforma laboral de 2012

España

www.nosolomerida.es | RUGE, Revolución Ugetista, considera que la reconstrucción social y económica pasa por garantizar empleos estables y de calidad, algo que es imposible si no se deroga la actual normativa laboral.

La organización juvenil vinculada a UGT ha elaborado un informe, con motivo del Día Internacional de la Juventud, en el que se desglosan 4 grandes errores de la reforma laboral de 2012 que han tenido efectos devastadores para el empleo de los jóvenes.

Destaca el abaratamiento del despido y el aumento de la parcialidad involuntaria; la precariedad laboral con empleos cada vez más cortos, inestables y volátiles; los bajos salarios, la juventud tienen los empleos peor pagados y tiene serias dificultades para su emancipación; y la aparición de nuevos perfiles laborales que suman más precariedad, como los riders, o la utilización de becarios para cubrir empleos remunerados.

Grandes errores que condenan no solo a una de las generaciones mejor preparadas y formadas, sino a nuestro país. Por tanto, no podemos hablar de reconstrucción sin contar con los jóvenes, que deben ser protagonistas de los grandes cambios y retos a los que nos enfrentamos.

RUGE-Revolución Ugetista ha elaborado un informe, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, en el que destaca “Los errores de la reforma laboral de 2012 para la juventud de hoy”.

En el mismo destaca 4 grandes errores.

1er. ERROR. La reforma no creó empleo, pero si abarató el despido y generó más parcialidad en los contratos

En 2014, es decir dos años después de la reforma laboral, se empieza a crear empleo, pero porque comienza a mejorar la economía, gracias entre otros motivos a la inyección monetaria del Banco Central Europeo a partir de 2012, a la mejora del tipo de cambio del euro respecto del dólar y a la caída de los precios del petróleo.

Por otra parte, la creación de empleo joven ha estado vinculada a la bonificación de los contratos y a la puesta en marcha de medidas como el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), financiado por Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). No obstante, la organización juvenil RUGE denuncia que estos contratos han creado un sistema de precarización del empleo joven dado que los contratos que se efectuaban no se les exigía unos requisitos de calidad en el empleo mínimos.

La reforma laboral sí que facilitó y abarató el despido y la juventud ha sido y sigue siendo el blanco fácil a la hora de prescindir de personal en las empresas, al llevar menos tiempo y resultar más baratos. De este modo, comprobamos en el informe de Mercado de Trabajo juvenil del SEPE para el año 2020 que en el cuarto trimestre de 2019 la tasa de paro general se situaba en el 13,78 %, mientras que la específica de los jóvenes de 16 a 29 años era 10 puntos superior, el 23,82 %.

En cuanto a la contratación por tipo de jornada en la juventud, se observa que los contratos temporales con jornada parcial, suponen el 41%. La parcialidad de los contratos hace que los jóvenes tengan más contratos de menos horas, de manera involuntaria.

2º ERROR. La reforma laboral no ha servido para mejorar la calidad del empleo, sino que ha propiciado el aumento de la precariedad laboral porque el empleo es más inestable, la temporalidad cada vez mayor y se ha incrementado el uso del contrato a tiempo parcial como una figura precaria.

Los jóvenes presentan unos niveles de temporalidad sensiblemente más elevados al resto de tramos de edad, de forma que su acceso al empleo se produce mayoritariamente mediante modalidades de contratación temporal. La tasa de temporalidad entre los jóvenes se sitúa en el 67,5%. Por otra parte, la tasa de estabilidad media de los menores de 30 años es tan sólo del 8,56%.

El Observatorio de ocupaciones del SEPE con datos de 2019, muestra la elevada rotación laboral que sufren los jóvenes. Sólo un 48% de los jóvenes contratados suscribieron un único contrato de trabajo. Resulta preocupante que un 21% de los jóvenes contratados en una empresa tengan 2 contratos y un 10% entre 5 y 10 contratos.

Asimismo, el porcentaje de jóvenes que ocupan puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial es superior respecto a la media de otros tramos de edad. La parcialidad del total de trabajadores ascendía al 14,5% en el primer trimestre de 2020 y para los jóvenes, de hasta 29 años, es del 26,1%.

Los datos de Eurostat de 2019 muestran que el 46,2% de los jóvenes que trabajaban a tiempo parcial en España lo hacían involuntariamente, frente al 22,4% en la UE-28, donde son mayoría los que lo hacían de forma voluntaria.

Otros datos, en este caso el Informe de Mercado de Trabajo del Observatorio del SEPE, revelan como el 56,20% de los contratos realizados a jóvenes en 2019 fueron a jornada completa, frente al 43,80% que era parcial.

3er ERROR. La reforma laboral no mejoró los salarios de la juventud, sino que profundizó su brecha salarial

Los salarios de la juventud no aumentan a pesar de la fase de expansiva, por la precariedad de sus contratos, y la juventud ha ampliado su brecha salarial respecto a otros tramos de edad y tras la crisis de la Covid no va a ser fácil que mejore en el corto plazo.

La brecha de ingresos para los jóvenes menores de 30 años, ha pasado del 8% a superar el 28%, lo que se traduce en una diferencia de casi 3.000 euros netos al año de ingresos. Y la consecuencia de esta brecha salarial es una mayor dificultad para la emancipación.

En 2019 tan solo el 18,5% de las personas entre 16 y 29 años de España están emancipadas desde el punto de vista residencial, por contra más del 81% sigue residiendo en el domicilio familiar.

4º ERROR. La reforma de 2012 no mejoró la situación global de la juventud. Al contrario, ha propiciado la aparición de nuevos perfiles laborales muy precarios. A partir de 2015 aparece la figura de los riders en nuestro país. Otro error es el abuso y la mala utilización de los becarios, para sustituir empleos remunerados.

Un informe de RUGE, del año anterior, recoge un total de 886.079 personas que realizan prácticas laborales no remuneradas, universitarias y de formación profesional y calcula que el fraude por este tipo de prácticas alcanzó los 1.143 millones de euros.

Por otra parte, un estudio de campo de RUGE, elaborado en 2019, recoge que la remuneración media de las ofertas de prácticas no laborales asciende a 412 euros al mes; en jornadas que oscilan entre 6 horas al día y jornada completa. Prácticas en las que no se suele realizar una tutorización efectiva. Además, se detectaron situaciones en las que determinadas plataformas ofrecían una beca a cambio de inscribirse en un curso con un coste que oscilaba entre 300 y 400 euros. En estos casos, los jóvenes además de hacer el trabajo de cualquier otro trabajador o trabajadora durante las prácticas, no solo no se les paga, sino que tienen que pagar de su propio bolsillo la formación recibida.

Ante esa situación RUGE ha exigido la persecución de oficio por parte de la Inspección de Trabajo hacia estas empresas; y la laboralización de este tipo de prácticas para evitar así la indefensión de las personas jóvenes. Además de reclamar el Estatuto de las Prácticas No Laborales, y poner freno a estas prácticas fraudulentas, en el marco del diálogo social.

Por ello, RUGE reclama una derogación íntegra de la reforma laboral, dando prioridad a los siguientes aspectos:


-    Eliminación de las facilidades administrativas y justificativas para los despidos individuales y colectivos, y encarecimiento de los costes de despido a los niveles previos a la reforma.

-    Eliminación de la capacidad otorgada a la empresa y de la no necesidad de justificación para realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de la capacidad de descuelgue de las condiciones de convenio.

-    Recuperación de la ultraactividad del convenio y de la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa.

Asimismo, demanda:


-    Que se aprenda de los errores de la crisis económica previa y se tomen medidas que piensen en el conjunto de la sociedad, tendiendo a modelos productivos y de consumo más justos, equitativos e inclusivos.

-    Que se revisen todas las medidas de empleo juvenil adoptadas por el gobierno y las diferentes comunidades autónomas, eliminando aquellas que, en la práctica, están generando abusos en la contratación y precarización del empleo. Esto es: revisión de todas las modalidades contractuales destinadas a jóvenes, persecución del uso fraudulento de los contratos temporales, eliminación de bonificaciones e incentivos a la contratación de personas jóvenes dado que no crea empleo y solo sirve para que el Estado asuma costes de personal de empresas que en muchos casos tienen grandes beneficios económicos.

-    Anticiparse a los problemas que nos traerá esta digitalización de las empresas, apostando por una fuerte formación en competencias digitales, trabajando la eliminación de la brecha digital que existe en muchas regiones de España y regulando el teletrabajo y el trabajo en plataformas con el mismo espíritu proteccionista y garantista que tiene el modelo de relaciones laborales en nuestro país.

-    Revisión de las medidas de protección social, planes de vivienda, etc. de nuestro país para que una persona joven deje de ser considerada una extensión de sus padres, sino que se establezcan medidas que garanticen la plena decisión de una persona joven de poder desarrollar su propio proyecto de vida desde la edad que desee.


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