El PP no descarta a los tribunales por presuntas irregularidades en el concurso de puestos de estructura
Escrito por Redacción Lunes 11 de Febrero de 2019 00:00
www.nosolomerida.es | Perdigón denuncia que hay tres puestos que se han reservado para “comisarios políticos” del PSOE
Una de las plazas estaría “reservada” para la actual secretaria general de Hacienda
Los otros dos casos salpican a
miembros destacados del PSOE, entre ellas a una exalcadesa y eurodiputada socialista
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida Juan Carlos Perdigón ha anunciado hoy que el PP local no descarta acudir a los tribunales si el consistorio emeritense insiste en mantener las bases del concurso de puestos de estructura, en las que se han detectado presuntas irregularidades para favorecer a “comisarios políticos” socialistas.
Según ha detallado en una rueda de prensa, tres de los puestos que salen a concurso son un “traje hecho a medida” para destacados miembros del PSOE, que buscan “blindarse” en las instituciones ante el “temor” de “perder la silla” después de las próximas elecciones autonómicas y locales, previendo el “desgaste” de sus siglas, como consecuencia de las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.
Tal y como ha explicado, estos tres puestos estarían destinados a la actual secretaria general de Hacienda en el gobierno de Fernández Vara, Ascensión Murillo, así como a un familiar de la exconcejala delegada de Gabinete Jurídico en la época de Ángel Calle, y la exalcaldesa de Valverde de Mérida y exeurodiputada socialista, Manuela Frutos.
Para Perdigón, es una “auténtica vergüenza” que “con tantos emeritenses que no encuentran un puesto de trabajo”, el Ayuntamiento de Mérida “plantee blindar a sus comisarios políticos” y, en este sentido, ha reiterado que el PP “no piensa quedarse de brazos cruzados” y pondrá este asunto en manos de su equipo jurídico para analizar las vías para parar este “despropósito”.
Durante su intervención, el concejal ‘popular’ ha explicado que la composición del tribunal incumple lo determinado en las bases del concurso, que establecen que debe estar compuesto únicamente por funcionarios, y, además, ha comentado que las titulaciones exigidas para la cobertura de ciertos puestos “llama poderosamente la atención”, porque “no guardan relación con las funciones a desempeñar”, ha dicho.
En este sentido, ha concretado que el puesto de directora de Atención a la Discapacidad, que estaría reservada para Murillo, exige como titulación para su cobertura la licenciatura o grado en Filosofía y Letras, sección Ciencias de la Educación y especialidad en Pedagogía, cuando los profesionales que se dedican a esta función son licenciados en psicología, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales.
Sobre esta plaza, Perdigón ha comentado, también, que fue “creada específicamente y a medida para esta señora” hace un año, a pesar de que las competencias de Atención a la Discapacidad son de la Junta de Extremadura. “El Ayuntamiento de Mérida únicamente gestiona un centro especial de empleo y no centros de discapacidad, porque estos pertenecen al SEPAD”, ha puntualizado.
Por otro lado, en el caso del puesto de dirección de la Promoción de la Igualdad, que estaría “guardado” para un familiar de Marisa Tena, la titulación exigida es de un grupo C2, es decir, auxiliar administrativo, cuando “como mínimo”, en relación con el grado de responsabilidad de este cargo, “debería ser para un diplomado A2”.
Finalmente, en cuanto al puesto de dirección de Infancia, que estaría “blindado” para Manuela Frutos, ha explicado que esta persona está ocupando en comisión de servicio esta plaza desde el inicio de la legislatura “para sumar puntos”, cuando “la normativa es clara” y “señala que esas comisiones de servicio solo pueden otorgarse por dos años y no casi por cuatro, como es el caso”.
Así, Perdigón ha calificado de “tomadura de pelo” que este concurso se esté realizando “a tres meses de las elecciones”, cuando debió haberse hecho “al principio de la legislatura, como prometió el PSOE en su programa electoral y porque así lo exigían los sindicatos”. “Este procedimiento se está haciendo a la carrera por puras urgencias electorales”, ha concluido.
