La AIREF pide una Prestación de Ingresos Mínimos

España

www.nosolomerida.es | La AIReF estima que la ILP de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta y reduciría la pobreza, con un coste de entre 7.200 y 9.800 millones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realiza una serie de propuestas para mejorar el disen?o de la prestacio?n planteada en la ILP desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia

Para mejorar la eficacia, la AIReF plantea establecer la renta del hogar como requisito principal para el acceso a la prestacio?n, focalizando la ayuda en la pobreza severa

Adema?s, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situacio?n laboral de los potenciales beneficiarios y hacer la prestacio?n compatible con el empleo

Para mejorar el disen?o institucional, propone simplificar el sistema de rentas mi?nimas evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones

Para asegurar la eficiencia, plantea encuadrar su puesta en marcha en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presento? hoy el Estudio ‘Los Programas de Rentas Mi?nimas en Espan?a’, solicitado a la institucio?n en marzo de 2018 tras las recomendaciones reiteradas del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la u?ltima red de prestaciones econo?micas para conseguir mayores avances en la reduccio?n de la pobreza y despue?s de que el Parlamento tomara en consideracio?n la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestacio?n de ingresos mi?nimos a propuesta de CCOO. y UGT. En el Estudio, la AIReF estima que la ILP de ingresos mi?nimos mejorari?a la distribucio?n de la renta en un 4% y reduciri?a la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal entre 7.200 y 9.800 millones de euros.

Para hacer el análisis, la AIReF ha empleado diferentes métodos de evaluación como la revisión documental, análisis descriptivos, modelos econométricos y modelos de simulación de programas sociales. Esto ha permitido realizar una evaluación ex post de los programas ya existentes que sirve, además, como base para la evaluación ex ante de la propuesta de la ILP para plantear propuestas que mejoren su diseño.

El estudio concluye que en España existe un sistema de ingresos mínimos fraccionado y que presenta disparidades territoriales, puesto que las rentas mínimas de las CCAA son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza. Adicionalmente, se observan unos niveles reducidos de eficacia en términos de redistribución, lo que también implica poca efectividad a la hora de reducir las tasas de pobreza. Por otra parte, la AIReF constata que este sistema implica un desincentivo a la participación en el mercado laboral, que se mitiga en aquellos casos que permiten compatibilizar prestación y empleo.

La AIReF ha evaluado la ILP teniendo en cuenta que su objetivo principal es reducir el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de pobreza severa, que se define como el 30% de la mediana de renta disponible. En España, en 2017, este porcentaje suponía 355 euros al mes para un individuo o 746 euros al mes para un hogar de 2 adultos y 2 niños.  

En su análisis, la AIReF ha identificado algunas debilidades en el diseño de la ILP desde el punto de vista de su eficacia, institucionalidad y eficiencia. Desde el punto de vista de la eficacia, la ILP permite mejorar la distribución de la renta en un 4% y reducir un 27,6% la tasa de pobreza extrema. Esta tasa, que actualmente se sitúa en un 7%, bajaría al 5% con la aplicación de la ILP, pero seguiría por encima de la media de la tasa de pobreza severa de los países de la UE (3,5%).

La AIReF considera que la falta de focalización en el objetivo principal, materializada en los requisitos para acceder a la prestación, dificulta obtener una reducción mayor de la pobreza severa. La necesidad de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo de larga duración, lo que excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse al mercado laboral. Además, la combinación de límites de renta individuales con límites de renta por hogar para percibir la prestación impide focalizar la prestación en los colectivos más vulnerables.

La AIReF también identifica debilidades en el diseño institucional de la prestación. Por un lado, resulta evidente el solapamiento que se produciría con programas actuales tanto a nivel nacional como con los programas de rentas mínimas autonómicos. Por otra parte, existe una falta de integración con otras políticas como las sociales desarrolladas por las corporaciones locales, lo que también puede elevar el riesgo de non take-up. Por último, la propuesta no define los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación, que resultan fundamentales para establecer un proceso de mejora continua de todas las políticas públicas. de crisis graves y prolongadas, el coste podría alcanzar los 11.000 millones. Este coste fiscal debe contextualizarse dentro de la situación actual de déficit estructural de las administraciones públicas en España, superior a 2 puntos de PIB y de un nivel de deuda cercano al 100% del PIB. En este contexto, la AIReF considera que la creación de una nueva prestación debería enmarcarse en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas.

Propuestas


A partir de estas conclusiones, la AIReF realiza una serie de propuestas orientadas a solventar los problemas de diseño detectados. Para mejorar la eficacia de la prestación, propone establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, estableciendo tramos de renta por hogar para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, sugiere eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios, hacer la prestación compatible con el empleo y evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación, alcanzando un equilibrio entre la equidad y la sencillez en el diseño.

Para mejorar el diseño institucional de la prestación, la AIReF plantea simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones. Además, propone asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios, establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales, implementar un sistema integrado de información de servicios sociales y conectado al Sistema de Información de Empleo (SISPE) y establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.

Finalmente, para asegurar la eficiencia y coherencia con la situación fiscal de España, la AIReF propone encuadrar la puesta en marcha de esta iniciativa en un plan presupuestario a medio plazo que permita compensar el incremento estructural del gasto. Asimismo, sugiere asegurar el seguimiento y la evaluación continua del programa para asegurar su eficacia y eficiencia.

Ejemplos


A modo ilustrativo, la AIReF incluye en su Estudio dos ejemplos de lo que supondría la aplicación de estas propuestas, teniendo presente que hay múltiples opciones y que corresponde al ámbito democrático de decisión determinar el diseño final de la prestación de acuerdo con las preferencias sociales.

La primera opción focaliza la prestación en los hogares más pobres sin establecer requisitos con respecto al empleo y plantea una prestación con dos tramos. Si los ingresos por hogar se encuentran por debajo del 20% de la mediana, los beneficiarios percibirían una prestación equivalente al 80% del IPREM y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año, con un máximo de tres hijos. Si los ingresos varían entre el 20% y el 60% de la mediana, los potenciales beneficiaros percibirían solo el complemento por cada hijo cargo. La aplicación de este ejemplo afectaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la tasa de pobreza

Desde el punto de vista de la eficiencia, la AIReF considera que la prestación de la ILP tiene un coste fiscal estimado para 2017 de más de 7.200 millones de euros, con riesgo de que aumente a 9.800 millones por el posible efecto llamada. Además, en situaciones severa un 60,4%, con un coste fiscal de 5.500 millones, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades.  

La segunda opción, que parte de los mismos requisitos que la primera, intenta corregir los saltos que se producen en las cuantías percibidas estableciendo continuidad en la prestación. Los hogares con ingresos por debajo del 30% de la mediana percibirían una ayuda decreciente desde el 80% hasta el 10% del IPREM y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros al año. Los hogares con ingresos que oscilen entre el 30% y el 60% del IPREM percibirían una asignación por hijo a cargo de 1.200 euros al año. En este caso, la puesta en marcha de una iniciativa con estas características beneficiaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4,2% y reduciría la tasa de pobreza severa un 46%, con un coste fiscal de 5.500 millones, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades.

En ambos ejemplos se evitaría el efecto llamada y se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad. Además, los dos sistemas reducirían la tasa de pobreza severa por debajo de la media de la UE.

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