La salida de la crisis se está cimentando en base a contratos temporales y de mala calidad

España

www.nosolomerida.es | UGT reclama vigilar los contratos en la nueva normalidad para evitar que las empresas utilicen el subempleo durante la recuperación

El informe “Impacto del coronavirus sobre el empleo en España” de UGT, refleja una paralización de la actividad hasta mayo, con una fuerte pérdida de empleo temporal.

A partir de mayo, los contratos creados son mayormente a tiempo parcial, con una caída de los indefinidos a tiempo completo.

Las cifras demuestran que los ERTE han sido el gran escudo para evitar los despidos y preservar el empleo durante esta crisis.

UGT reclama seguir protegiendo a las personas trabajadoras mientras dure la crisis sanitaria y reconstruir nuestro país en base a un nuevo modelo productivo más sólido, eficiente y sin dejar a nadie atrás.

La Unión General de Trabajadores destaca que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto los escasos incentivos que las empresas tienen para proteger el empleo precario y de baja calidad. Un empleo, mayormente temporal y con pocos derechos, que se ha consolidado gracias a la reforma laboral de 2012 y que está dejando a muchas personas al borde de la pobreza.

Así lo refleja el informe “Impacto del coronavirus sobre el empleo en España”, elaborado por el Servicio de Estudios Confederal de UGT, que refleja cómo en términos de contratos registrados, se observa una paralización de la actividad hasta mayo, con una fuerte pérdida de empleo temporal. Así, en marzo, el número total de contratos registrados descendió un 21,21% respecto a febrero, un porcentaje que se acentuó en abril, con una caída mensual del 46,43%. Estas cifras reflejan la finalización de los contratos temporales y los empleos perdidos por despidos, individuales o colectivos.

Además, en mayo ya se observa el posible cambio de tendencia en la contratación, con una recuperación del 26,36% de la contratación respecto a abril, apoyada sobre un crecimiento superior de los contratos a tiempo parcial, tanto indefinidos como temporales. Como consecuencia, el porcentaje de indefinidos a tiempo completo sobre el total de contratos baja hasta el 5,3%.

Parece que nuestro país sigue sin aprender la lección y la salida de la crisis se está realizando nuevamente en base a contratos temporales y de mala calidad, como ya sucedió en la crisis de 2008. Para UGT, el comportamiento de los contratos a jornada parcial deberá ser foco de atención en el proceso de desescalada y de nueva normalidad, con el fin de evitar que se conviertan en el mecanismo de creación de subempleo que utilicen las empresas en el periodo de recuperación de la crisis por COVID-19, como sucedió en la crisis previa, con consecuencias tan devastadoras sobre la precarización del mercado de trabajo español.

No podemos fundamentar el funcionamiento de nuestro mercado laboral sobre unas bases tan frágiles. Es el momento de derogar la reforma laboral y crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores más moderno, más eficaz y adaptado a las nuevas realidades productivas. Crisis como ésta han puesto de manifiesto la debilidad de nuestro modelo productivo y es necesario cambiarlo para asentar una reconstrucción sólida, eficiente y sin dejar a nadie atrás.

Los ERTE, instrumentos fundamentales para preservar el empleo


UGT destaca en su informe que todas las cifras atestiguan que el mecanismo de los ERTE está funcionando como un verdadero escudo de protección ante el despido, facilitando la flexibilidad interna frente a la destrucción de empleo. A 30 de abril, 3.386.785 personas estaban protegidas por un ERTE. En mayo, se reduce el número de trabajadores en situación de ERTE (bajaba a 2.998.970) debido al proceso de desescalada y la reapertura de la economía.

Por otra parte, algunas variables publicadas por la EPA para el primer trimestre de 2020 también anticipaban el efecto de la crisis. Si bien en términos de número de personas ocupadas la caída fue del 1,4% en el trimestre (con un descenso de 285.600 personas ocupadas), el número total de horas trabajadas descendió más, un 4,25% trimestral.

También el registro de desempleo del SEPE a final de marzo mostraba la irrupción de la pandemia en el empleo. El número de personas en desempleo se incrementó un 9,31%, con un incremento de 302.265 personas desde febrero. Los datos que abarcan el mes de abril siguieron recogiendo el efecto de la situación, con 282.891 personas paradas más desde marzo (un incremento mensual del 7,97%).

Sin embargo, los datos de mayo revelan la ralentización del ritmo de destrucción de empleo debido a la reactivación de los sectores productivos y el comienzo de la desescalada. Las cifras reflejan en mayo 26.573 personas más en desempleo, sólo un 0,69% más que en el mes de abril, llegando a una cifra total de 3.857.776 personas.

Mantener la protección de las personas trabajadoras


La situación de protección de los trabajadores afectados por la falta de actividad (ya sea por despido, finalización de contrato o ERTE), refleja el esfuerzo realizado por el SEPE para dar cobertura mediante las prestaciones por desempleo. Desde el 16 de marzo, el SEPE ha reconocido y abonado 5.206.552 prestaciones, de las que 3.748.009 (72%) corresponden a expedientes de ERTE.

En este sentido, la trayectoria seguida por el registro del desempleo permite vislumbrar un freno en mayo, que podría anticipar un menor impacto en términos de empleo que en crisis anteriores, tanto en lo referente a la duración del periodo de destrucción de empleo (que sería de menor amplitud que en la crisis de 2008-2009), como en volumen de personas desempleadas (considerando los máximos de paro alcanzados durante la recaída sufrida en el empleo por la recesión de 2012-2013).

Todo ello dependerá, a juicio de UGT, de la ausencia de rebrotes de la pandemia y de lo que suceda con las personas afectadas por los ERTE. De esta forma, el sindicato reclama que se mantenga su situación durante el tiempo necesario y que, cuando la actividad se recupere, se puedan reincorporar plenamente a su puesto de trabajo. Hay que asegurar el empleo para poder reconstruir, económica y socialmente, nuestro país.

Para ello, es crucial mantener los estímulos fiscales y monetarios con toda intensidad, porque sin ellos la salida no será posible. Debemos ser conscientes de que el esfuerzo será enorme, y que ello aumentará el déficit y la deuda de manera muy importante, y que esto será así en la mayoría de países de la UE, aunque no en todos con la misma intensidad. En todo caso, ahora no es el momento ni de acometer medidas de recorte, que serían letales, ni siquiera de plantearlas, porque la incertidumbre es enorme y todas las energías deben focalizarse de manera solidaria en impulsar la actividad y el empleo. Introducir en estos momentos mensajes sobre la necesidad futura de acometer recortes o “reformas estructurales” (fórmula que suele usarse eufemísticamente para denominar también recortes) solo sirve para generar confusión y alentar planteamientos improcedentes, en línea con la austeridad extrema ls que agudizó la crisis y devastó nuestro estado de bienestar de 2010 a 2013.

El Informe Anual del Banco de España de 2019: buena música pero mala letra


Precisamente eso es lo que hace en su Informe Anual de 2019 el Banco de España. A pesar de que en la mayor parte del mismo realiza un análisis y unas recomendaciones que apoyan indudablemente la expansión del gasto y de las políticas reparadoras de las rentas de las personas, y que advierte de la gravedad que supondría retirar los estímulos de manera precipitada, se apresura a prescribir la necesidad de establecer ya una estrategia de ajuste fiscal para el futuro próximo, como si eso fuera posible. De este modo, alienta las pulsiones recortadoras y contractivas de muchos empresarios e instituciones, que mientras con una mano reclaman cuantiosas ayudas para sus sectores o actividades, no dudan en exigir con la otra mano ajustes de gasto social para los más desfavorecidos, o nuevos recortes de derechos laborales. Es una pena que el Banco de España estropee un buen análisis con la inclusión de estas inoportunas recomendaciones.

Igualmente, el banco emisor no renuncia a incluir algunas prescripciones muy poco acertadas, y que adolecen de una visión escasamente social. Así, con relación al mercado de trabajo, el Banco de España persiste en un análisis obsoleto y sesgado, dirigido a poner el acento de manera casi único en la supuesta disparidad de costes de despido entre temporales e indefinidos, para recomendar un sistema de costes crecientes con la antigüedad (lo que incentivaría aún más la rescisión en las etapas iniciales del contrato, y por tanto la rotación) y la manida “mochila austriaca”, que aunque pudiera tener algún posible efecto potencial sobre la movilidad de aquellas personas con mejores puestos de trabajo, en nada serviría para solucionar los problemas de elevada precariedad laboral. La “mochila austríaca” es el nuevo mantra de quienes tan solo buscan medidas escaparate que en nada mejoran la calidad del empleo, pero generan debate mediático y, de paso, promocionan el aumento del beneficio de las grandes empresas de algún sector (como el financiero y de seguros, que incrementaría su negocio de planes de pensiones privados).

Por el contrario, no hay ninguna referencia al negativo impacto de la reforma laboral de 2012, que supuso una quiebra de los equilibrios esenciales en las relaciones laborales e incentivó la precariedad. Nada sobre el elevado fraude en la contratación temporal, con millones de contratos de este tipo que deberían ser, obedeciendo a su naturaleza económica y a la normativa vigente, indefinidos. Ninguna medida para castigar la elevada creciente proporción de contratos de corta duración (el 27% del total duran menos de 7 días, 10 puntos porcentuales más que hace 10 años).

Especialmente preocupante es que el Banco de España incluya la obligación de constituir un comité de empresa en las empresas de más de cincuenta trabajadores como una traba para su crecimiento, al nivel de otros requerimientos administrativos y fiscales. Mientras destacados economistas de prestigio internacional ponen en valor la importancia del poder sindical como factor del progreso económico y social, por su papel como contrapeso a la discrecionalidad de las empresas (recientemente, Larry Summers, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de 1999 a 2001), el organismo regulador contribuye con su a su descrédito con su incomprensible consideración como un impedimento para el aumento de tamaño de las empresas.

Por último, también la propuesta de reforma fiscal que sugiere el Banco de España refleja un planteamiento lleno de sombras. Aportando cifras de recaudación fiscal que minimizan deliberadamente nuestro déficit en esta materia (que es de 7,2 puntos de PIB), sus recomendaciones tan solo parecen pensar en el incremento de la imposición indirecta, y de ella, de por sí regresiva, aquélla que más castiga a quienes menos rentas tienen y que más pueden perjudicar el crecimiento económico, como sería un aumento de los tipos de IVA de algunos bienes actualmente gravados al tipo superreducido, generalmente de primera necesidad, sin especificar cuáles. Nuestro país necesita una reforma fiscal integral para recaudar mucho más, pero también para hacerlo de manera más justa, y ese no es el camino, sino el aumento de impuestos de quienes más renta y patrimonio (o riqueza) tienen, de los beneficios de las grandes multinacionales y corporaciones, de las operaciones especulativas de los capitales elevados y del consumo de los bienes de lujo o suntuarios.



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